Ayuntamientos e ikastolas: con pelos y señales

Corren tiempos en los que la sociedad demanda luz y taquígrafos en todo aquello relacionado con el gasto público. Demanda muy lógica y justificada si tenemos en cuenta los múltiples casos de corrupción, de prevaricación, de malversación de fondos públicos… que afectan a las más diversas instituciones y partidos políticos, y que se van destapando un día sí y otro también.

Es por ello realmente encomiable la labor fiscalizadorComptosa que en nuestra tierra realiza desde tiempos históricos la Cámara de , controlando los gastos que se realizan desde nuestras instituciones públicas, y asesorando para que se realicen de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente en cada momento. Tarea plausible que deberíamos reconocer en todo momento, y no según nos sea más o menos grata en función de sus dictámenes.

Entendemos que ese era el objetivo -luz y taquígrafos- que perseguían UPN y PSOE cuando en noviembre de 2017 solicitaron a la Cámara de Comptos realizar un informe de fiscalización sobre determinados gastos en los que habían incurrido algunos ayuntamientos, y cesiones de suelo y edificios públicos en relación con las ikastolas situadas en sus municipios.

En concreto, las peticiones solicitaban que se analizaran los siguientes aspectos:

-Cesión de los locales municipales del Ayuntamiento de Bera a la Ikastola Labiaga;gastos de inversión y corrientes del ayuntamiento en estos locales desde su cesión, y valoración legal de todas estas actuaciones.

-Ayudas directas otorgadas por el Ayuntamiento de Viana a la Ikastola Erentzun y al Patronato Erentzun;ayudas indirectas otorgadas a través de partidas no nominativas por el ayuntamiento a los organismos citados, y valoración legal de estas actuaciones.

-Gastos de inversión realizados por el Ayuntamiento de Baztan en el edificio del centro de Baztan Ikastola;gastos corrientes asumidos por el ayuntamiento de esta ikastola, y valoración legal de las actuaciones.

-Gastos de inversión realizados por el Ayuntamiento de Alsasua en el edificio de la Ikastola Iñigo Aritza;gastos corrientes asumidos por este ayuntamiento de esta ikastola, y valoración legal de estas actuaciones.

Y tal y como se solicitó, actuó Comptos.

La propia Cámara se fijó sus objetivos, que radicaban en:

-Cuantificar los gastos corrientes y de inversión asumidos por los ayuntamientos de las ikastolas solicitadas, así como las ayudas directas otorgadas en su caso por los entes locales a estos centros educativos en los últimos seis años (2012-2017).

-Determinar las cesiones de suelo público y locales municipales realizadas por los ayuntamientos solicitados en favor de las ikastolas de sus municipios.

-Valorar la legalidad de las actuaciones anteriores.

Podemos destacar que entre las observaciones realizadas por el ente fiscalizador apuntaba textualmente que “previamente al análisis de estas aportaciones, queremos señalar que, tanto las cesiones como las ayudas económicas se enmarcan en políticas de apoyo y fomento al euskera en sus localidades, todas ellas de la zona vascófona salvo el caso de Viana;las cesiones se vienen produciendo desde finales de los años 70, y la mayoría de las ayudas también se comenzaron a dar hace más de 20 años. Como se ha puesto de manifiesto en el informe de esta Cámara sobre la enseñanza no universitaria en centro privados financiados con fondos públicos, constan 19 cesiones a 11 de los 66 centros concertados en Navarra;asimismo, el informe citado también señala que en el periodo 2012-2016, 26 ayuntamientos aportaron un total de 2,11 millones de euros a 34 centros concertados. En definitiva, tanto las cesiones como las ayudas económicas que vamos a analizar no son una excepción en la Comunidad Foral y se han venido otorgando a más centros de los aquí analizados”.

Como no podía ser de otra manera, finalizó su labor auditora emitiendo un informe de trece páginas que vamos a resumir yendo a las conclusiones que la propia Cámara recogía, y que suponemos ha satisfecho la necesidad de información que los dos partidos aludidos mostraban al respecto. Partidos que, por otro lado, tienen representantes en todos y cada uno de los ayuntamientos mencionados, y habiendo ostentado en algunos de ellos, además, en otros momentos históricos, la alcaldía.

Dice Comptos que:

-La cesión de edificios o suelo público de los Ayuntamientos de Bera y Alsasua a las ikastolas de sus municipios, opinamos que es conforme al ordenamiento jurídico, en tanto que los beneficiarios son entidades que los destinan a ejercer una actividad de interés general como es la docente.

-Por lo que respecta a las ayudas públicas aportadas, entendemos que las entidades locales pueden prestarlas a los centros docentes de titularidad local que imparten estas enseñanzas en virtud del artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local que le reconoce esta competencia como propia.

Sí que apunta también que “en lo que se refiere a centros concertados, su financiación debería producirse fundamentalmente a través del régimen de conciertos… y en caso de que los ayuntamientos deseen fomentar otras actividades educativas que contribuyan a satisfacer las necesidades que estimen convenientes, deben hacerlo en el marco de la Ley General de Subvenciones”.

Lo dicho: con luz y taquígrafos. O lo que es lo mismo, con pelos y señales.

El autor es presidente de la Federación Navarra de Ikastolas